La Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Constitución para el país en 1979 estableció el derecho y la obligación de elegir a los alcaldes democráticamente y trajo además una novedad: por primera vez una norma peruana legisló acerca del derecho de la población analfabeta a participar en las elecciones. Es decir, se permitió la participación de los campesinos, que mayormente formaban parte de este grupo.
En 1980, la primera elección política tras 11 años de gobierno militar, acompañó el inicio de dos décadas muy complicadas y convulsionadas. El supuesto reinicio de la vida democrática significó una encrucijada y se dio en medio de una debacle, que recién se canalizó en un proceso democrático sostenido mucho después, en el año 2001.
El 17 de mayo del 1980, con la quema de ánforas electorales, cédulas de votación y padrones electorales en el caserío de Chuschi en Ayacucho y con el asalto de las oficinas del registro electoral que realizó el grupo terrorista Sendero Luminoso, este inició una “lucha armada”. Tales acontecimientos generaron una guerra interna que costó miles de víctimas. En medio de ella, se estableció un régimen autocrático entre 1992 y 2001, esta vez por parte del presidente electo en 1990, Alberto Fujimori. Todo esto evidenció que el país todavía no estaba listo para un régimen propiamente democrático y aun en el año 2016 una encuesta ha mostrado que 80% de la población piensa que la democracia tiene poca o ninguna importancia.
En el distrito de Ocongate –ubicado en la provincia de Quispicanchis, en Cusco, cerca de la comunidad Q’ero–, donde viví y trabajé entre 1980 y 1987–, buscamos intensamente promover y fortalecer el voto campesino en las elecciones de 1980. Pero muy pronto nos dimos cuenta de que la población rural no contaba con Libreta Electoral –el documento personal que entonces se usaba en el Perú–, a pesar de que la oficina registral del Estado peruano visitaba la capital distrital para que los ciudadanos la obtengan. Para esto, se necesitaba una foto de tamaño carnet, lo que implicaba viajar a la ciudad más próxima para tomarse la foto e incluso volver para recogerla. Esta posibilidad sobrepasaba generalmente el presupuesto familiar campesino.
En ese momento, entendimos que algo tan simple como una foto carnet podía cambiar mucho en el mundo campesino de Ocongate. Y entonces nos pusimos a tomar fotos a cientos de personas, tanto en 1980 para las elecciones generales como en 1983 para las municipales. El mercado de Ocongate era nuestro estudio y una tela blanca el fondo de nuestro escenario. Así, con una cámara de 35 mm y el contacto de la película que tiene el tamaño de una foto carnet, aportamos para que cientos de campesinas y campesinos pudieran obtener su Libreta Electoral.
De esta manera tan simple, en circunstancias de ese tipo de puede lograr que la fotografía sea una herramienta directa al servicio de comunidades y al mismo tiempo una herramienta política. Esta fue nuestra conclusión y el inicio de lo que buscábamos para nuestro futuro proyecto.
Las elecciones a nivel municipal, ya en los años 1990, cambiaron completamente la correlación de fuerzas políticas y sociales en muchos lugares en el campo peruano. En pueblos donde antes los comerciantes y profesionales se nombraban o elegían o entre ellos, desde hace más de dos décadas miles de campesinas y campesinos eligen a alcaldes de su conveniencia, de su origen, de su cultura. Así, en Ocongate ya a inicios de la década de 2000, surgió el “alcalde rural”, cuyas propuestas de trabajo y desarrollo se orientan hacia las necesidades del campo y cuya identidad cultural es marcadamente quechua[1].
[1] Ver Raúl H. Asencio, Los nuevos incas. La economía política del desarrollo rural andino en Quispicanchi (2016; Lima: IEP).